Tema 1 – Carla Bouzada

La enseñanza de las lenguas en el presente modelo educativo, estatal y autonómico

En esta publicación, me gustaría compartir con vosotras y vosotros una reflexión personal sobre el vínculo entre las leyes y la política y las consecuencias de una legislación educativa inestable, como es el caso de España. Os propongo las siguientes preguntas y os animo a que compartáis vuestras opiniones. ¡Os leo!

¿Consideráis que la política condiciona a la legislación educativa y, por extensión, a la educación? ¿Qué consecuencias percibís como resultado de un amplio historial legislativo educativo?

Desde mi punto de vista y en primer lugar, considero necesario tener en cuenta los factores contextuales, pues toda ley es  fruto de decisiones tomadas a raíz de una situación social y, fundamentalmente, económica y política, que las condicionan de manera determinante. Además, es evidente que la educación ha sido, y es hoy día, una de las mayores armas políticas, pues es uno de los principales medios difusor y adoctrinador acorde a las diferentes ideologías políticas. En el marco de la legislación educativa, España destaca por ser un país con numerosos cambios de leyes reguladoras del sistema educativo, desde la primera Ley aprobada en 1857, Ley Moyano, hasta la actual, LOMCE, de 2013. En este largo periodo se han propuesto y elaborado numerosas leyes, a pesar de que no todas lograsen entrar en vigor. Asimismo, estas decisiones legislativas son reflejo de la situación del momento histórico del que son fruto, por ello se manifiestan constantes cambios relacionadas con la estructuración del sistema y sus etapas, el currículo, con materias que han resultado más o menos conflictivas, como la religión o la educación cívica, la organización del alumnado, la tipología del profesorado, el sistema de evaluación, etc. Igualmente, el contexto histórico español en el que han tenido lugar las leyes educativas ha sufrido muy diversos cambios, el más notable, la transición de una dictadura a una democracia y todo lo que ello conlleva. Además, como afirma Lorenzo Vicente (2011:31), «en España por los vaivenes políticos e ideológicos de los siglos XIX y XX se retrasará la implantación del sistema educativo, su modelo y su desarrollo».

En definitiva, la organización de la educación es clave en el desarrollo de una sociedad. Por ello, la inestabilidad legislativa entraña la inestabilidad social, especialmente ante constantes cambios. Sin embargo, considero que no solo se pueden tener en cuenta las contrarias percepciones que se han presentado a nivel nacional. Sino que la comunicación establecida más recientemente a nivel, al menos europeo, también ha puesto en tela de juicio diferentes aspectos del sistema educativo de nuestro país. Además, el sentimiento de inferioridad ha contribuido a establecer comparaciones con sistemas educativos de países cuyas organizaciones sociales tienen escasos elementos en común y son poco equiparables a la española

Además, la falta de consenso que ha generado un amplio historial regulador del sistema educativo, ha provocado una gran confusión a toda la sociedad y más directamente a aquellas personas que participan más activamente en el sistema educativo. Los docentes sienten más inseguridad, pues desconocen parte de la tarea que se les encomienda, ya que no han sido formados para ello, lo que genera un descontento ante la cuestionable capacidad que poseen. Y sus labores han adquirido un mayor peso burocratizado. Asimismo, todas estas reformas han estado sometidas a vaivenes de ciclos económicos y políticos y no se ha contado con el apoyo de recursos específicos que han permitido llevar a las aulas todas estas reformas. Mientras la ley fija y defiende determinadas posturas y objetivos, la realidad es diferente, pues los cambios no son perceptibles y, en la mayoría de los casos, factibles.

Me gustaría cerrar mi reflexión haciendo una breve comparación entre las dos leyes más recientes: la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Considero que es un claro ejemplo de lo argumentado. Mientras que la aprobación de la primera Ley fue llevada a manos de un gobierno socialista, la aprobación de la segunda tuvo lugar con un gobierno conformado por el Partido Popular. Esta cuestión es perceptible en determinados aspectos de ambas leyes en los que las decisiones responden a afinidades ideológicas de cada partido. En definitiva, mientras que la primera aboga por una enseñanza en equidad y de calidad que permita la formación de una ciudadanía democrática y libre, la segunda se centra en el desarrollo del talento y capacidades personales para el alcance del crecimiento económico y de un futuro mejor como país. Sin lugar a duda, los objetivos de la enseñanza son muy dispares y, por tanto, así será su puesta en práctica.

Por último, y en referencia a un tema que considero de especial importancia en la actualidad, la educación en valores, considero que está condicionada por la concepción que se tenga de la educación, bien como una formación de carácter cívico, bien como una formación de carácter profesional. Desde mi punto de vista, las diversas leyes manifiestan ideologías políticas dispares y diferentes perspectivas de la educación, pues mientras que algunas primera promueven la formación de una sociedad con igualdad de oportunidades, otras potencian una ciudadanía clasificada en base a sus capacidades, y, por tanto, segregada. 

Lorenzo Vicente, J.A. (2011). La educación secundaria en España: problemática histórico-educativa y actual. Participación Educativa. Extra 1, p. 29-47.

Además de la referencia anterior, aprovecho para recomendaros otra lectura que quizás, para las y los que os encontréis un poco perdidas o perdidos con tantos cambios legislativos, os pueda ayudar. Incluyo en esta publicación una imagen del propio texto para que contéis con información más visual. Un guiño para aquellas y aquellos que tengan memoria visual, como yo.

Berengueras Pont, M., Vera Mur, J. Mª. (Octubre de 2015). Las leyes de educación en España en los últimos doscientos años. Supervisión 21. 28, p. 1-23.

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